La promesa que Rajoy sí cumplió

El Gobierno deroga de facto la ley de Memoria Histórica al dejarla sin fondos
“Yo eliminaría todos los artículos de la ley de memoria histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. No daría ni un solo euro público a esos efectos”, dijo Rajoy, en febrero de 2008, en una entrevista en 20 minutos. Ha resultado ser una de sus pocas promesas cumplidas. La ley de Memoria Histórica está, de facto, derogada, porque el próximo será el segundo ejercicio consecutivo sin fondos para aplicarla. Por eso una de las peticiones de los enviados de la ONU tras su visita a España ha sido que el Gobierno asuma como una “política de Estado” la localización de los desaparecidos del franquismo y que “proporcione los fondos adecuados para que la ley de Memoria pueda aplicarse eficazmente”.
En los presupuestos de 2012, el Gobierno pegó el primer hachazo: de 6,2 millones de euros del último Ejecutivo socialista a 2,5 (un 60% menos), exclusivamente para la apertura de fosas. Las asociaciones aguardaron a la convocatoria en el BOE del concurso de subvenciones. Nunca llegó.
Al año siguiente, la partida fue de 0 euros y en 2014, ídem. En 2012, el Gobierno cerró, además, la oficina de atención a las víctimas, creada en 2008. Cuando Gaspar Llamazares preguntó qué organismo iba a encargarse de desarrollar la ley de Memoria, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, respondió: “El desarrollo está prácticamente concluido”. El ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en septiembre: “El Gobierno cumple y desarrolla lo dispuesto en la ley. Gestiona el mapa de fosas. Este año se han incorporado 27 nuevas localizaciones hasta elevarse a 2.382, ofreciendo una herramienta que permite reconocer el deber de recordar. Es cierto que las medidas de contención del gasto público han obligado a declarar no disponibilidad de créditos para las asociaciones, pero desde 2006 estas asociaciones han recibido 25 millones de euros. También es cierto que las actividades de localización y exhumación de gran importancia pudieron llevarse a cabo hasta 2011”. Tras la reclamación de la ONU, preguntado por EL PAÍS, un portavoz de Justicia explica: “Es innegable que la crisis ha supuesto un descenso de todo tipo de subvenciones, pero en este caso, la mayoría de las solicitudes de ayuda para la exhumación de fosas se produjeron nada más propugnarse la ley”…
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